Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo que además bonifica las cotizaciones de los trabajadores que se vayan incorporando.
Las 3 semanas de ardua negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para alargar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor han dado finalmente sus frutos y ya hay un acuerdo en firme para que sus beneficios se extiendan hasta el próximo 30 de junio. E incluso en determinados sectores, los más castigados por la crisis, se podrán mantener estas ayudas durante más tiempo, algo que determinará una Comisión Tripartita que se creará específicamente para la desescalada. No obstante, habrá que esperar al próximo martes para que se apruebe en el Consejo de Ministros, ya que aunque el texto está listo, quieren escenificar este pacto con una foto del Gobierno y los agentes sociales en La Moncloa.
No ha sido fácil y ha habido muchas discrepancias entre todas las partes. De hecho, se han mantenido maratonianas jornadas para cerrar este acuerdo, en el que todos han tenido que renunciar a algo, según sus protagonistas. “Todos cedemos, pero es un acuerdo equilibrado”, defendió ayer en rueda de prensa la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien agradeció expresamente a los agentes sociales que dejarán a un lado las “diferencias” y, a su juicio, “hayan estado a la altura de la historia”.
El ejecutivo no dio su brazo a torcer y mantiene el requisito de que las empresas que se beneficien de estos expedientes tendrán la obligación de mantener el empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha en que reanuden su actividad, aun cuando sea de forma parcial. De lo contrario, tendrán que devolver la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses correspondientes.
No obstante, se hace una concesión a la patronal, que rechazaba firmemente este aspecto, y se libera de esta obligación a “aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores”, según consta en el borrador del Real Decreto.
Este era uno de los principales escollos de la negociación, ya que desde el CEOE mantenían que esta prohibición de despedir podría llevar al cierre de muchas empresas. De hecho, en la junta que mantuvo ayer el patronal para ratificar el acuerdo se vio el malestar que generaba entre algunos directivos.
Dos nuevas exigencias
De igual manera, Trabajo ha introducido dos nuevas exigencias: no podrá beneficiarse de estos ERTE ninguna compañía que tenga sus sede en un paraíso fiscal, y las que se hayan acogido no podrán repartir dividendos a sus accionistas en el año fiscal “excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social”. Esta limitación no es de aplicación para aquellas que tengan menos de 50 trabajadores.
A cambio, el Gobierno incorpora algunas cesiones, como son la ampliación hasta el 31 de diciembre de la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos y una batería de bonificaciones para las empresas que reanuden su actividad. Así, la fuerza mayor total implicará la exoneración del 100% de las cuotas sociales para las empresas con menos de 50 trabajadores y el 75% para las de más empleados, mientras que la fuerza mayor parcial supondrá exenciones desde el 30% al 85% dependiendo de las circunstancias, primando siempre que el ERTE sea de reducción de jornada sobre el mantenimiento de la suspensión total.
De esta forma, las empresas que reinicien la actividad con reducciones de jornada podrán descontarse el 85% de las cuotas de mayo y el 70% de las de junio si tienen menos de 50 trabajadores y el 60% de las de mayo y el 45% de las cuotas de las de junio si tienen más empleados. Por otra parte, las empresas que reanuden la actividad, pero mantengan a trabajadores en suspenso podrán descontarse el 60% de las cuotas de mayo y el 45% de las de junio si tienen menos de 50 empleados y el 45% de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio si tienen más.
Además, se facilita la transición de los ERTE por fuerza mayor a los expedientes por causas objetivas, “de manera que tengan carácter retroactivo para que no queden desprotegidos ni los trabajadores ni las empresas”, tal y como puntualizó la ministra.
[Publicado El Correo]
Laboral
27 mayo, 2020