Subir ahora las cuotas no es una decisión acertada. Existen otras medidas que permiten una mayor vinculación de las aportaciones con los ingresos reales
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de los trabajadores autónomos, pero pocos conocen el peso real, social y económico que tiene este colectivo. En España trabajamos 3.307.116 autónomos. Un grupo muy heterogéneo con un punto de unión: somos el eslabón más débil de la cadena. Hemos sufrido y salido muy perjudicados de la pandemia. Los autónomos están integrados en todos los sectores de la actividad productiva: de la agricultura al ocio, de la industria a la hostelería, de lo sanitario a los taxistas, de la educación a la ganadería, de las actividades inmobiliarias al trasporte. Generamos el 20% del PIB y, aunque el 92% de las empresas tiene menos de cinco trabajadores, se da empleo a un tercio de la población ocupada.
No podemos olvidar que los costes energéticos han aumentado hasta un 40% en el último año, lo que a su vez incrementa el precio de las materias primas, los portes, etcétera. Este incremento de gastos se suma a la baja facturación que arrastramos desde 2020. A pesar de préstamos ICO, ERTE y prestaciones extraordinarias por cese de actividad que han salvado a muchos autónomos y empresas, la situación sigue siendo de supervivencia. En el corto y medio plazo, se deben priorizar unas medidas para ayudar a nuestra maltrecha economía. Pero la solución no pasa por subir las cotizaciones.
Primero, es necesario ampliar las moratorias de la devolución de los créditos ICO, al menos hasta el próximo septiembre. En segundo lugar, que los fondos europeos lleguen realmente al tejido empresarial. Hemos perdido la oportunidad de las ayudas directas. Es vergonzoso que, de los 7.000 millones destinados a ayudas directas a empresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis económica provocada por la covid, se haya devuelto un tercio a las arcas de Hacienda. Y todo por empeñarse en poner unas condiciones para su solicitud de difícil cumplimiento. Apostemos por la eliminación de trabas administrativas y por la formación y la digitalización de los autónomos y dejémonos de ponérselo aún más difícil a quien se juega todos los días su patrimonio. Y el de su familia. Tercero, hay que aliviar a los autónomos de cargas y trabas. Bajando impuestos es como más se recauda.
Ese es el camino. Y por eso no podemos entender que se quiera imponer desde el Gobierno central una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que lleve a muchos de ellos a pagar cuotas mucho más altas en cotizaciones sociales, pero que no resuelve nuestros problemas. Los autónomos necesitamos certidumbre y seguridad para seguir creando empleo, no un sistema recaudatorio y confiscatorio que nos ahogue.
Con la propuesta que el Ministerio de Seguridad Social ha hecho de reforma del RETA, en la que se plantean tramos de cotización a razón de los «ingresos reales», no ganamos nada. La propuesta -muy importante este detalle, es una propuesta y aún no hay nada definitivo- de Seguridad Social tiene varias lagunas:
1.- Acaba de confirmar la Agencia Tributaria, tras meses de solicitar los datos, que hay más de un millón de autónomos con rendimientos cero o negativos. ¿Qué cotización y qué prestaciones va a tener ese autónomo?
2.- Con este sistema, la cotización se haría a razón de la capacidad de deducción de un autónomo, no de sus ingresos reales.
3.- La propuesta marca que una persona que ingrese menos de 700 euros al mes pague una cuota de 214 euros. Sigue siendo sobrecotizar.
4.- Si se asegura que la pretensión es conseguir que la pensión de los autónomos sea igual que la de los trabajadores por cuenta ajena (ahora mismo, la media es un 40% más baja) es porque los autónomos cotizan un 40% menos de media. ¿Qué va a quedar con 700 euros?
Por esto, y por otras muchas razones, habría que disponer de una propuesta que realmente se preocupe por:
1.- Bajar las cotizaciones a los que ganan menos del SMI.
2.- Que se ‘destope’ la base máxima para los mayores de 47 años.
3.- Que dejen deducirse los gastos de cotización a los autónomos societarios.
4.- Que se equipare en los próximos cinco años la base mínima de cotización al SMI.
Y si lo que se necesita es recaudar, se puede hacer de forma coherente. Las propuestas de ATA conseguirían 1.000 millones más que la aportada por el ministro Escrivá. Subir ahora las cuotas no es una decisión acertada. Existen otras medidas que permiten una mayor vinculación de la cotización con los ingresos reales sin atacar la voluntariedad ante ingresos irregulares, y mientras nos damos un plazo para el reordenamiento del RETA. Apostemos por la facturación electrónica y la comunicación automática de las facturas emitidas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Apostemos por el diálogo y la gestión coherente con las circunstancias. Que no se repita el esperpento de la votación sobre la reforma laboral en el Congreso. Un texto que, por cierto, es ejemplo de acuerdo y reflejo de los grandes consensos alcanzados por empresarios y sindicatos. Lo que los agentes sociales acordamos han sido herramientas que garantizan la formación a lo largo de la vida y hemos reforzado la negociación colectiva, que ampliará en una buena parte lo negociado en la reforma.
Con diálogo se ha llegado a un acuerdo con las prestaciones por cese extraordinario de los autónomos. Mientras haya covid se mantendrá la prestación extraordinaria por cierre administrativo. El fantasma de un rebrote está ahí y habría que tenerlo presente. Y a la gran parte de los autónomos que estaban en cese en febrero se les ha exonerado en un 90% de la cuota de marzo. Y se hará en un 75% en abril, un 50% en mayo y un 25% en junio. Esperemos que no haga falta tomar nuevas decisiones de este tipo. Será que la pandemia se ha dejado atrás. Para los autónomos en prestación extraordinaria de La Palma, la prestación se va a mantener hasta el 30 de junio.
Sin embargo, se ha subido el SMI sin acuerdo. Es muy fácil subir sueldos y pagar salarios con el dinero de otro. En tres años, hemos elevado el salario mínimo algo más del 35% y, sin embargo, esos sectores o esas empresas no han podido repercutir a las administraciones.
En resumen, hacer reformas sin tener en cuenta a sus protagonistas conlleva la ruina y podría suponer el hachazo definitivo para muchos. Llegar a acuerdos es hacer país, añadir valor a la economía, pensar en los ciudadanos, dejar a los empresarios trabajar. Es tiempo de apoyar a los autónomos y no de castigarlos. Si a los autónomos les va bien, a España le irá mejor.
[Publicado El Correo, 27/02/2022]
Laboral
4 marzo, 2022