La cuota de solidaridad y el MEI no computarán para futuras prestaciones e irán íntegros a llenar la hucha del sistema
El esfuerzo extra que tendrán que hacer durante las próximas décadas las empresas, autónomos y trabajadores con la entrada en vigor de la segunda fase de la reforma diseñada por José Luis Escrivá no se traducirá en mejores pensiones para ellos e irá casi íntegramente para pagar las del ‘baby boom’. Así se desprende de la letra pequeña que establece el borrador del real decreto ley al que ha tenido acceso este periódico y que aún está pendiente de ser acordado con los agentes sociales.
La nueva norma que busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social –en números rojos desde hace años– establece tres nuevas cuotas a la Seguridad Social que en ningún caso se verán compensadas ni en el presente ni en el futuro para esos trabajadores. El primer gravamen afecta a todos los afiliados, independientemente de su salario, que sean autónomos o asalariados. Es el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sustituye al derogado factor de sostenibilidad. Se trata de una cotización adicional del 0,6% que ya ha empezado a aplicarse este año, pero la nueva ley la eleva progresivamente hasta duplicarla al 1,2% en 2029 y, además, la mantiene hasta 2050 (ahora estaba prevista solo hasta 2032). Esa cuota extra «no será computable a efectos de prestaciones» e irá «automáticamente» a llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –también conocido como hucha de las pensiones–, según explica el borrador del real decreto, que establece a su vez que «no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna».
Recargo del 6%
Y lo mismo sucede con el nuevo impuesto a las rentas más altas que entrará en vigor en 2025 con un recargo de cuotas del 1% y que irá aumentando año a año hasta situarse en el 6% en 2045. Lo que la nueva ley denomina «cotización adicional de solidaridad» tampoco será «computable a efectos de prestaciones». Es decir, que ese 6% extra que tendrán que pagar los trabajadores mejor remunerados por la parte de salario que no cotiza a la Seguridad Social (a partir de 54.000 euros brutos) no tendrá contrapartida en sus futuras pensiones y también irá íntegramente y de forma automática a la hucha para pagar las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’.
Y el tercer impuesto que establecerá la nueva ley de pensiones, el conocido como ‘destope’, tampoco tendrá repercusión directa sobre las pensiones de los trabajadores sobre los que recae. Al menos no en el futuro próximo. Y en cualquier caso será una mínima subida a muy largo plazo que no compensará el fuerte desembolso que han tenido que hacer.
Crecen las cuotas máximas
Los trabajadores con rentas más altas sufrirán en los próximos años un fuerte encarecimiento en sus cotizaciones. Así, a partir de 2024 las bases máximas se elevarán cada año lo que suba el IPC más una «cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales». Este incremento de bases que supondrá un aumento extra a los precios del 38% en 2050 repercutirá en un alza de las pensiones máximas, pero en mucha menor proporción, de apenas 0,115 puntos. Es decir, mientras en 2050 las cotizaciones de este colectivo formado por unos 1,5 millones de trabajadores pagarán un 31,2% más a la Seguridad Social, sus pensiones solo habrán crecido un 3%, por lo que este esfuerzo no servirá para obtener jubilaciones más generosas.
Sí tendrán una subida adicional a los precios, pero Escrivá la retrasa hasta la década de los 50, cuando el gasto del sistema se vaya moderando tras terminar ese retiro masivo de los ‘baby boomer’ que comenzará ya este mismo año. Así, la nueva ley prevé un incremento adicional anual de las pensiones más altas del sistema (topadas en la actualidad en los 3.059 euros al mes) que comenzará en 2051 con un alza del 3,2% que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar el 20% en 2065. En ese año «se valorará en el marco del diálogo social la conveniencia de mantener el proceso de convergencia hasta alcanzar un incremento total de 30 puntos porcentuales», explica el documento de 26 páginas
Todas estas medidas van destinadas –según reconoce la norma– a «fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050», que se enfrenta al mayor incremento del gasto de su historia. Con todas las iniciativas puestas en marcha en esta reforma de pensiones, el Gobierno prevé recaudar unos 15.000 millones de euros anuales de un presupuesto que en 2023 escala por encima de los 190.000 millones de euros.
Como sabe que necesitará recursos adicionales, la hucha de las pensiones se irá llenando ya este año con la recaudación del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y después con la nueva cuota que se establece para las rentas altas, además de con la rentabilidad que obtenga de sus activos. Pero, además, el Gobierno establece en esta ley que los excedentes de ingresos del sistema también vayan a engordar este fondo «siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan». Así, al menos una vez al año el Consejo de Ministros acordará cuál será la dotación efectiva que se insufle.
Blindaje a la hucha
A partir de 2033 es cuando Escrivá considera que el sistema necesitará echar mano de esta hucha para pagar las pensiones del ‘baby boom’ pero establece unos límites máximos cada año. De ese modo, en 2033 solo podrá retirarse hasta un 0,08% del PIB, cuantía que se va incrementando cada año progresivamente (0,10 en 2034; 0,20% en 2038; 0,35% en 2043…) y alcanza su máximo en 2050, cuando se podrá obtener un 0,87% del PIB. Los próximos años este límite se reduce y se rebaja al 0,09% en 2053, cuando ya hayan prácticamente desaparecido las tensiones financieras por la oleada de jubilaciones. De igual manera, el Ejecutivo blinda el fondo de reserva para que se destine «con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo para reforzar el equilibrio y sostenibilidad del sistema de Seguridad Social
Porque el gasto se elevará en estos próximos años del actual 12% del PIB al 15%. Eso sí, este es el tope máximo de presupuesto que el Ejecutivo se marca y que no podrá sobrepasarse. Además, la norma recoge que el Gobierno deberá poner en marcha medidas «apropiadas para eliminar el exceso de gasto» si se desvían las cuentas. Y si no consiguieran sacarse adelante en el Congreso, se prevé un incremento adicional de la cotización del MEI que se aplique de forma automática al año siguiente.
[Publicado El Correo, 12/03/2023]
Laboral
13 marzo, 2023