Las empresas españolas están obligadas desde 2019 a contar con un registro de jornada que controle a qué hora empiezan y acaban de trabajar sus empleados. Han pasado cinco años y medio desde que la me-dida entrara en vigor y, por mucho que la pandemia y el confinamiento entorpecieran su aplicación, el resultado no ha satisfecho las expectativas. Las infracciones a las compañías por carecer de este sistema de control o no pagar las horas extra a sus empleados cada vez son más habituales.
El Gobierno Vasco insiste en que asegurar un control efectivo para que cada empleado trabaje solo las horas que tiene firmadas – y si no es así, se las paguen- «es la asignatura pendiente del mercado laboral». Los datos de la inspección del año pasado muestran la magnitud del problema: entre las 1.624 empresas investigadas por esta cuestión, 559 recibieron actas de infracción con su correspondiente sanción y en otras 485 la intervención se cerró con un requerimiento para la subsanación de este mal. Es decir, que se detectaron abusos en el 64,29% de los casos.
La subdirectora de la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco, Iciar González, explicó ayer que cerca de la mitad de intervenciones que realizaron el año pasado vienen de «una denuncia por incumplimiento», ya sea de los sindicatos o de los propios empleados, que disponen de un buzón anónimo para interponer las reclamaciones. Una vez el Ejecutivo autonómico tiene constancia o sospecha de que ocurre un abuso, el cuerpo de supervisores se presenta en la oficina sin previo aviso para interrogar a los asalariados y acceder al registro horario.
Esta situación de incumplimientos, que también se da en el conjunto de España, ha impulsado al Ministerio de Trabajo a elaborar una normativa más estricta de control horario. Es una de las cuestiones que incluye la ley que rebaja la jornada laboral a las 37,5 horas semanales y que ya está en tramitación parlamentaria (aunque aún no ha recabado los apoyos suficientes para salir adelante). El texto pretende prohibir el registro en papel e implantar un sistema digital que la Inspección pueda controlar de forma remota sin personarse en las oficinas.
Aunque las infracciones derivadas por los abusos en el horario laboral son las más habituales -el Gobierno Vasco pretende aumentar el número de supervisores para perseguirlas- estas también ocurren en otros ámbitos. El año pasado el cuerpo de inspectores autonómico investigó a 20.587 empresas y en 7.000 de ellas detectó algún tipo de anomalía. Sin embargo, la mayoría la subsanaron a tiempo y la irregularidad solo derivó en una sanción en 1.905 casos. Esto, según el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, demuestra que las campañas no tienen una vocación «eminentemente punitiva, sino que su labor es proactiva y preventiva». Aun así, el Ejecutivo autonómico ha recaudado 9,5 millones de euros en multas.
Nueva competencia
Torres confirmó ayer que la semana que viene se celebrará la comisión Mixta de Transferencias que dará luz verde al traspaso de la tramitación de los permisos de trabajo para personas extranjeras, que será asumido por el Gobierno Vasco. El vicelehendakari insistió en que es una herramienta fundamental «en un momento en el que se constata la escasez de profesionales en algunos sectores».
Esta transferencia también tiene una derivada en la Inspección de Trabajo, ya que el Gobierno Vasco asumirá de forma íntegra el control en materia de extranjería.
[Publicado El Correo, 20/02/2024]
Laboral
24 febrero, 2025