Responsables del Gobierno central, los sindicatos y los empresarios se reúnen este lunes, 28 de junio, para intentar cerrar un acuerdo sobre la primera pata de la reforma de pensiones, cuyos objetivos son garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación. Las medidas de esta primera parte de la reforma de pensiones, derivada de los acuerdos del Pacto de Toledo, forman parte del componente 30 del Plan de Recuperación remitido a Bruselas y su entrada en vigor está prevista para 2022, una vez que en el anteproyecto que las contiene pase todos los trámites correspondientes.
Según un borrador del anteproyecto fechado el 14 de junio y en el que podrían producirse algunos cambios menores, la reforma suprimirá dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.
Aunque la sustitución de este último forma parte de la segunda pata de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, Gobierno y agentes sociales hacen constar en el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, que el ‘mecanismo de equidad intergeneracional’ que reemplazará al factor de sostenibilidad «deberá estar definido» en el momento de entrada en vigor de esta primera pata de la reforma. Dicho mecanismo, que se negociará en el plazo de un año, operará a partir de 2027.
El texto que se está ultimando y garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores.
[Publicado El Correo, 28/06/2021]
Laboral
30 junio, 2021