PROPONE CREAR UN FONDO TRIPARTITO PARA COSTEAR LAS PRESTACIONES DE LOS FUTUROS ERTE Y LIMITAR LAS BONIFICACIONES A EMPLEOS INDEFINIDOS PARA PARADOS
Mucho más genérica y difusa que la de pensiones es la reforma laboral que el Gobierno ha enviado a Bruselas. La falta de concreción con la que se exponen las medidas es deliberada y pretende no generar controversia ni entre las distintas sensibilidades que hay en torno a este tema dentro del propio Gobierno –las diferentes posiciones que mantienen la vicepresidenta Calviño y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz son bien conocidas– ni con los agentes sociales. De hecho, Díaz ya ha avanzado que en los próximos días se convocará a sindicatos y patronal para negociar estos puntos. Así, para huir de la polémica, en ningún caso se habla de derogación de la reforma laboral de 2012 –pese a incluirse en el acuerdo de Gobierno–, y los cambios en la negociación colectiva que tanta fricción generan simplemente se enumeran, sin recogerse expresamente las medidas comprometidas con los sindicatos antes de la pandemia: devolver la prevalencia a los convenios sectoriales, recuperar la ultraactividad y revisar los descuelgues.
Mayor grado de concreción hay en las medidas que buscan reducir la elevada temporalidad que hay en el mercado laboral español. Para ello, el Ejecutivo simplificará el número de contratos y, previsiblemente, los limitará a tres: el indefinido, que es el que pretende generalizar; el temporal, al que además exigirán ahora una justificación clara para que se limite a actividades puramente eventuales; y el de formación, que ahora apenas se utiliza y quieren impulsar. Además, prevén endurecer aún más la utilización de los contratos de muy corta duración y asegurar «un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes», según consta en el documento.
Para reducir el insoportable nivel de paro, se contemplan tres grandes medidas: impulsar los ERTE como mecanismo permanente del mercado de trabajo y alternativa al empleo, modernizar las deficientes políticas activas de empleo y diseñar un nuevo programa de empleo joven. En lo que respecta a los ERTE, el Gobierno quiere convertirlos en un «instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas» y «reforzar la inversión en formación» para recualificar a los trabajadores afectados. Para financiarlos, propone crear un fondo tripartito que, aunque no lo específica, se sobreentiende que se nutriría con dinero público, pero también con aportaciones de empresarios y trabajadores.
Además, el Ejecutivo quiere revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación, simplificándolas y limitándolas exclusivamente a contratos indefinidos para personas desempleadas. Otras de las 17 reformas que recoge son la nueva regulación de los ‘riders’ y la modernización y digitalización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Para todo ello, El Ejecutivo invertirá 2.400 millones de 2021 a 2023.
[Publicado El Correo, 24/01/2021]
Laboral
15 febrero, 2021