La prorroga de dos semanas se podrá disfrutar a partir de finales de 2024, previo acuerdo del trabajador con su empleado.
Hace tiempo que la crisis demográfica es una prioridad de primer nivel para las administraciones vascas. En 2022 nacieron en Euskadi 13.613 niños. Nunca antes habían nacido tan pocos. Y la curva de alumbramientos no hace más que descender desde 2014, cuando vinieron al mundo 19.378 criaturas. El problema trae de cabeza a las instituciones, que han activado en el último año y medio una batería de medidas para fomentar la natalidad, favorecer la conciliación e impulsar la emancipación de los jóvenes; distintas caras de un mismo problema.
La última de estas iniciativas ya tiene fecha. A finales de 2024 o principios de 2025, Euskadi extenderá a los trabajadores de las empresas privadas el permiso de paternidad de 18 semanas del que ya disfrutan los funcionarios desde 2019. Ahora mismo, las familias empleadas en compañías privadas que tienen un hijo pueden acogerse a la baja de16 semanas, que abona la Seguridad Social; es decir, la Administración central.
La cotización la asume la propia empresa. Lo que el Gobierno vasco plantea es que los trabajadores puedan disfrutar de una excedencia de dos semanas extra que abonaría en su integridad el Ejecutivo autonómico, aunque, como es lógico, no tiene competencias para obligar a las empresas a acogerse a esta medida. En cualquier caso, la iniciativa precisa de un decreto que le dé cobertura legal que no estará listo antes de finales de 2024. De ahí que no entre en vigor seguramente hasta entonces o incluso a principios de 2025.
Así lo confirmaron ayer fuentes del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Nerea Megosa. La consejera compareció ante la comisión de Hacienda del Parlamento autonómico para desgranar los Presupuestos de su área. Las Cuentas prevén una partida de 100.000 euros para la equiparación del permiso de «parentalidad». La partida estará destinada a realizar el proceso de redacción técnica del decreto.
Una vez se aprueben los Presupuestos en el Parlamento (los socios del Gobierno, PNV y PSE, tienen mayoría absoluta pero tratarán de obtener el respaldo de alguna fuerza de la oposición), se iniciará el proceso de aprobación del decreto que regularía los nuevos permisos. Los trámites duran en torno a nueve meses, ya que hacen falta informes, el documento se somete a audiencia pública…
No obstante, existe la posibilidad de que la medida vasca llegue tarde. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar a nivel nacional contempla ampliar el permiso de paternidad de las 16 semanas actuales a 20. Durante las cuatro últimas, el trabajador se incorporaría a su puesto a jornada parcial. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la baja era de 12 semanas.
La extensión del permiso de 18 semanas al sector privado es la última medida de un paquete activado en los últimos meses como parte de la estrategia vasca del Reto Demográfico. Algunas de estas iniciativas son la ayuda de 200 euros al mes por hijo entre los 0 y los 3 años que se ha implementado este mismo año y que ya ha llegado a unos 40.000 hogares vascos. El gobierno destinará el año que viene 148 millones a este apartado. Otras iniciativas son la gratuidad de las haurreskolak públicas o la ayuda de 300 euros al mes para jóvenes durante dos años para alquilar o comprar una vivienda que se pondrá en marcha a lo largo de 2024.
El departamento que lidera Melgosa contará con un presupuesto de casi 682 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,76% respecto al de este año. De ellos, un tercio (210 millones) estarán dirigidos a ayudas directas para familias y personas vulnerables: aquí se engloban las ayudas de emergencia social (41,5 millones), así como las subvenciones para cuidados, nacimientos y conciliación y otras ayudas energéticas y alimentarias (168,5 millones). «La interseccionalidad y la atención a los colectivos más vulnerables guían estas cuentas», subrayó Melgosa.
En lo que respecta a políticas de igualdad, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, contará con 8,2 millones de euros. Algunas de sus prioridades serán el fomento de los valores en igualdad a las generaciones más jóvenes. «Queremos que sean la generación de la igualdad», indico la consejera.
El próximo año, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales colaborará con las entidades del Tercer Sector Social con 127,3 millones de euros. Esta colaboración se articulará mediante dos fórmulas de cooperación público-social: los servicios públicos gestionados por entidades sociales sin ánimo de lucro y las subvenciones. También habrá 173 millones para el ámbito de los cuidados. Esta suma se destinará al refuerzo a las ayudas a familias con hijas e hijos; la red socioeducativa en infancia y adolescencia; el apoyo en el tránsito a la vida adulta de jóvenes sin red de apoyo familiar, y las políticas con personas mayores autónomas, así como con personas frágiles y en situación de dependencia.
[Publicado El Correo, 09/11/2023]
Laboral
22 noviembre, 2023