ANTICIPAR LA JUBILACIÓN TENDRÁ MAYORES PENALIZACIONES Y NO HABRÁ PÉRDIDA, PERO TAMPOCO GANANCIA DE PODER ADQUISITIVO
2021 será un año de reformas. Así lo exige la Comisión Europea para que España pueda beneficiarse de los fondos europeos para la reconstrucción. El Gobierno ha cumplido y ya ha enviado a Bruselas las 30 fichas con las líneas maestras de las reformas estructurales que pretende acometer, entre las que se incluyen la esperada reforma laboral y de pensiones, la reforma tributaria y de eficiencia del gasto público y la eléctrica.
La maquinaria para reformar el sistema público de pensiones ya se ha puesto en marcha. Como han sido las anteriores, ésta también será, en definitiva, una nueva vuelta de tuerca para endurecer la jubilación y lograr así retrasar la edad de retiro con el objetivo último de lograr la sostenibilidad financiera, según consta en el documento enviado a Bruselas. Además, la propuesta de ampliar progresivamente el periodo de cálculo de las pensiones y la creación de un nuevo factor de sostenibilidad auguran, a su vez, prestaciones menos generosas que las actuales.
El Ejecutivo derogará el actual índice de revalorización de las pensiones y creará este mismo año un nuevo mecanismo que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los mayores. No habrá pérdida, pero tampoco ganancia de capacidad de compra. Y para ello la nueva fórmula que presentó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a los agentes sociales –y sobre la que se sigue negociando– se basa en una media del IPC por un periodo de cinco años, que recoge tanto las tasas de inflación previas como las previstas y que, además, se corrige anualmente.
Lo que pretende el Ejecutivo con este mecanismo es que los ejercicios en los que los jubilados hayan ganado poder de compra, como ha sucedido por ejemplo en los últimos dos años, se puedan compensar con los periodos de pérdida, modulando la subida a la baja.
La posibilidad de jubilarse de forma anticipada hasta dos años antes se mantendrá, pero quien lo haga tendrá un castigo mayor. El nuevo esquema de desincentivos –que previsiblemente se aprobará este trimestre– reducirá la pensión del trabajador por cada mes que adelante su retiro, no por trimestre, como sucede ahora. Además, estas penalizaciones serán aún mayores en los meses siguientes al cumplimiento de la edad de acceso (63 años), con el objetivo de retrasarla al menos unos meses, y en los meses previos a la edad ordinaria de retiro (66 años en 2021), para desincentivar que no se llegue a cumplirla.
A su vez se cambiará el diseño para que las personas con rentas más altas que se prejubilen tengan un recorte real del 8% sobre su futura pensión por cada año de adelanto, lo que supone cuatro veces más que ahora.
Y mientras se castiga la jubilación anticipada, se quiere por el contrario impulsar la jubilación demorada, dos medidas encaminadas a contener el gasto. Para ello, se elevará al 4% el incentivo que el trabajador recibe por cada año que retrase el retiro, pudiendo incluso superar la pensión máxima establecida por ley. A su vez, se le ofrece la posibilidad de cobrarlo bien con un porcentaje adicional durante toda su vida como pensionista, como un pago único en un momento determinado o, incluso, como una combinación de ambas. Para darlo a conocer, el Gobierno gastará 1,5 millones en una campaña.
Por otro lado, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad.
El Gobierno eliminará el factor de sostenibilidad que nunca ha llegado a aplicarse y lo sustituirá por «un mecanismo de equidad intergeneracional» que se vincule más que con la esperanza de vida con la evolución de la demografía y el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista. En cualquier caso, este mecanismo podría suponer un aumento de la edad legal de jubilación y, de igual manera, un recorte en la pensión de los nuevos jubilados, aunque no se contempla ponerlo en marcha hasta 2027.
Otra de las medidas que se propone el Gobierno es subir la cotización de los trabajadores con sueldos más altos, para lo que se plantea ir aumentando progresivamente la base máxima de cotización, establecida actualmente en 4.070,10 euros, cantidad a partir de la cual no se paga a la Seguridad Social. En paralelo, para no romper la contributividad del sistema, se prevé incrementar la pensión máxima, fijada en 2.707 euros mensuales.
El Gobierno plantea a Bruselas también su intención de ampliar desde 2023 el periodo de cálculo de la pensión –que serán 25 años en 2022–, aunque se podrán descartar los peores años. A su vez, se implantará gradualmente un nuevo sistema de cotización para los autónomos por ingresos reales y se pondrá fin a la jubilación anticipada forzosa y a la parcial. Otras de las medidas ya anunciadas por Escrivá pasan por que el Estado termine de asumir ya en 2023 todos los gastos impropios, modificar el complemento de maternidad tumbado por Europa, impulsar los planes de ahorro colectivos creando un fondo público de pensiones y prorrogar la ‘cláusula de salvaguarda’
[Publicado El Correo, 24/01/2021]
Laboral
2 febrero, 2021