El Gobierno parece decidido ya a revalorizar las pensiones conforme a la inflación de noviembre, que acabó con una tasa interanual del 1,7%, una décima por encima de la subida ya aplicada este año a jubilados, viudas, huérfanos y otros colectivos. Esto significa que los más de 8,7 millones de beneficiarios cobrarán con efecto del 1 de enero una «paguilla» -como la denomina la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio- de unos 13,4 euros de media por persona, dado que el promedio de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social es de 959,9 euros.
Sin embargo, esta cantidad se queda pequeña si se compara con los 59.500 millones de aumento de gasto que prevé el Banco de España para 2050 si finalmente, tal y como ha acordado el Pacto de Toledo, se vuelven a actualizar las pensiones en función del IPC y se pospone la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023, como pactó el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el PNV en las cuentas públicas para 2018.
Por ello el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos pidió este lunes al Gobierno adoptar «actuaciones adicionales que aumenten los ingresos y reduzcan los gastos del sistema, con objeto de garantizar su sostenibilidad», aunque no concreta por ahora qué medidas serían esas.
Lo que sí hizo el Banco de España fue avisar de que los cambios acordados en el último año sobre pensiones elevarán el gasto de la Seguridad Social 1,9 puntos porcentuales del PIB en 2030 y 3,4 puntos en 2050, lo que supondría los citados 59.500 millones de euros adicionales en poco más de tres décadas.
El gasto podría ser aún mayor si finalmente el factor de sostenibilidad –ese mecanismo que reduce la cuantía inicial de las nuevas pensiones al vincularla a la esperanza de vida– no llegara a ponerse en marcha en 2023 y se derogara, como algunos partidos y sindicatos piden.
Para paliar esta pérdida de poder adquisitivo los Presupuestos de 2018 recogieron la subida mencionada del 1,6% con carácter general para este año y el siguiente. Solo con esta medida el Gobierno estima un aumento de 2.500 millones en 2018 y de unos 5.300 millones en 2019.
Por su parte, el retraso a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad supondría –según los cálculos de este organismo– un aumento del gasto anual de una décima del PIB en promedio durante la próxima década (2020-2030) y de tres décimas del PIB durante la década siguiente, en total cuatro puntos del PIB en 2040. Este mayor gasto sería consecuencia tanto del aumento de la pensión media de los que se jubilen entre 2019 y 2022, ahora exentas de la aplicación del factor de sostenibilidad, como del aumento de la pensión media de los que se jubilen a partir de 2023, según el estudio.
Sin embargo, el Banco de España hace hincapié en que las implicaciones sobre el gasto en pensiones que podría tener la eliminación del actual IRP, en un horizonte de largo plazo, son «muy superiores» a las derivadas de las medidas ya adoptadas. Según sus cálculos –sujetos, advierte, a «un grado de certidumbre no despreciable» por el largo horizonte a considerar–, arrojaría un aumento de 26.200 millones en 2030 (1,9 puntos del PIB) y 59.500 millones en 2050 (3,4 puntos de aumento del PIB). Esto elevaría el gasto en pensiones hasta el 14% en 2030 y hasta el 15,4% en 2050, puesto que en la actualidad se sitúa en el 12,15%.
[Publicado El Correo, 18/12/2018]
Laboral
26 diciembre, 2018