PROPONE REDUCIR A TRES LOS TIPOS DE CONTRATOS: UNO INDEFINIDO, UNO NUEVO TEMPORAL Y DE INDEMNIZACIÓN CRECIENTE, Y OTRO DE FORMACIÓN
El Gobierno está decidido a luchar contra la elevada temporalidad (en la actualidad, nueve de cada diez nuevos empleos es de carácter eventual) y para ello ha puesto encima de la mesa una serie de medidas encaminadas a incentivar el empleo indefinido, entre las que destacan el encarecimiento del despido para los contratos temporales y cotizaciones más elevadas para aquellas empresas que abusen de este tipo de modalidad. Así se lo comunicó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a los sindicatos y la patronal en la reunión que mantuvieron para impulsar el diálogo social y establecer la agenda de trabajo que mantendrán hasta final de año.
La propuesta del Ejecutivo es simplificar las modalidades de contratación y reducirlas de cuatro a tres, de forma que haya un contrato indefinido, uno temporal de indemnización creciente y uno para la formación. En este último quedaría absorbido el actual contrato de prácticas, que desaparecería.
En realidad, no se trata de una propuesta nueva, puesto que la propia ministra reconoció que es la misma que hizo a inicio de legislatura y que nació del acuerdo que el Gobierno del PP alcanzó con Ciudadanos. El partido de Albert Rivera fijó una indemnización a la finalización del contrato temporal que fuera de 12 días el primer año de trabajo, 16 días para el segundo año y a partir del tercero se elevara a 20 días, igualándose de esta forma con la indemnización que ofrece el indefinido. Pero Báñez se lo presentó ayer de manera «formal» a los interlocutores sociales, aunque se mostró «abierta a todas las mejoras». «Favorecer como contrato fundamental el indefinido es un avance para que en el futuro se pueda crear empleo estable», explicó la ministra, que además se comprometió a estudiar la jornada de trabajo en España con carácter general a tiempo completo y a tiempo parcial.
La otra medida estrella que el Gobierno quiere poner en marcha para luchar contra la temporalidad es establecer un sistema de desincentivos para las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y la rotación excesiva, mediante el incremento de cotizaciones sociales por desempleo (lo que el documento denomina ‘malus’), a la vez que se establece un nuevo incentivo (‘bonus’) en las cotizaciones de aquellas empresas que tengan un porcentaje mayor de contratos indefinidos.
Oposición de la patronal
La ministra explicó que esto se llevará a cabo después de hacer una revisión de todas las deducciones y bonificaciones que hay y ver cuáles están siendo eficientes para favorecer la contratación de calidad. «A partir de ahí vamos a establecer verdaderos incentivos para que se favorezca el empleo indefinido y estable», aseguró Báñez, que avanzó que lo que harán será comparar el nivel de temporalidad entre empresas del mismo sector para, de esta manera, castigar a las que abusen de la excesiva rotación y premiar a las que no lo hagan.
Y la idea de Báñez es que estas medidas estén consensuadas antes de final de año para poder empezar a aplicarse a principios de 2018.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, vio con buenos ojos la posibilidad de que haya una simplificación de contratos, una tendencia que –explicó– se está dando en Europa, en países como Francia, Italia o Alemania. Sin embargo, considera que este tema «debe estudiarse muy bien», puesto que hay alrededor de cuarenta modalidades de contratos, por lo que no está tan de acuerdo en que pueda llevarse a cabo en tres meses. «Cambiar las cosas de un día para otro puede ser tremendamente complicado», advirtió.
En lo que sí mostró su clara oposición fue en elevar las cotizaciones de las compañías a través de ese sistema de desincentivos. «Además de los sueldos, las empresas pagan un 36% más por sus trabajadores», aseguró, para hacer hincapié en que las cotizaciones en España son de las más altas de los grandes de Europa, solo superadas en Francia.
Además, el documento que el Ministerio entregó a la patronal y sindicatos incluye una apuesta por reforzar el principio de causalidad de los contratos temporales y determinar el volumen de contratos de duración determinada que se pueden hacer. Por ello, el Gobierno quiere reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de fraude en la contratación, potenciando la transformación en indefinidos de contratos temporales sin causa y aumentando las sanciones por fraude.
Tras la reunión, los sindicatos mostraron su «valoración positiva», fundamentalmente en lo que concierne a limitar la contratación temporal y favorecer la indefinida. «Creo que estamos en posición de poder avanzar», sentenció el líder de UGT. Eso sí, quisieron dejar claro que en ningún momento se llegó a hablar del coste del despido.
[Publicado El Correo, 20/09/2017]
Laboral
4 octubre, 2017