Tras el fracaso del Pacto de Toledo, el PP volverá a exigir la introducción de este mecanismo al que se oponen PSOE y Podemos pero podrían apoyar Ciudadanos y PDeCAT
El nuevo Pacto de Toledo que se conforme tras las elecciones del 28 de abril no lo tendrá nada fácil. Tras el fracaso de la actual comisión parlamentaria, que no ha sido capaz de lograr el consenso que se había alcanzado en tres ocasiones precedentes desde su fundación en 1995, los ánimos se han crispado demasiado y la división plasmada en estos últimos días puede hacer mella también para los que vengan.
Además, todos dan por hecho que el grupo encargado de elaborar las recomendaciones que refuercen y hagan sostenible el sistema de pensiones tendrá al menos un nuevo miembro: Vox, partido que con toda seguridad desembarcará por primera vez en el Congreso de los Diputados. Esto puede hacer que ese alto grado de consenso que se había logrado en la mayoría de asuntos tratados -algo en lo que casi todos los grupos coinciden pese a que el pasado martes Podemos se descolgó con una especie de enmienda a la totalidad- no haya servido para mucho.
El gran escollo que va a tener que afrontar la nueva comisión será si se debe implantar o no un nuevo factor de sostenibilidad, algo que en el actual borrador no aparecía, pese a que una de las exigencias de la izquierda y de los sindicatos es la derogación total de este mecanismo de recorte que introdujo Mariano Rajoy en la reforma de las pensiones de 2013 y que debía haber entrado en vigor este año. Sin embargo, justo antes de la moción de censura que echó a Rajoy, el PP había pactado con el PNV su aplazamiento hasta 2023.
Ahora los populares van a exigir introducir un nuevo factor de sostenibilidad como elemento imprescindible para el futuro de las pensiones, tal y como anunció el pasado martes el portavoz de este grupo en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps, después de la reunión que escenificó el fracaso de esta comisión. El que figura en la última reforma supone un recorte de unos 75 euros al año para los nuevos jubilados al vincular automáticamente la nueva prestación a la esperanza de vida en ese momento. El razonamiento es sencillo: como los futuros pensionistas vivirán más años, tendrán que repartir los derechos cotizados durante su etapa laboral entre un mayor número de años.
«Hoy íbamos a poner encima de la mesa que queríamos que se recogiera expresamente el factor de sostenibilidad en la edad legal de jubilación porque no nos queríamos encontrar con la desagradable sorpresa de que con un Real Decreto justo antes de las elecciones el Gobierno socialista derogara también el factor de sostenibilidad que se encuentra aplazado», advirtió quien fuera secretario de Estado de la Seguridad Social, en referencia a la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe un Real Decreto sobre la reforma de las pensiones, principalmente para introducir por ley una nueva fórmula de revalorización vinculada al IPC, algo que ven improbable desde el departamento de Magdalena Valerio pero que tampoco descartan todavía.
La posibilidad de implantar un nuevo factor de sostenibilidad se toparía de frente con Podemos y PSOE, que siempre han mantenido en esta comisión su postura contraria. Por el contrario, Cuidadanos y PDeCAT sí podrían aceptarlo si, tal y como en su día defendió el diputado catalán Carles Campuzano, se ligara no con la cuantía de la pensión sino con la edad de jubilación, es decir, un mecanismo que sirviera para retrasar el retiro pero que no suponga un recorte en la nómina, como sí lo hace el actual.
Otro de los defensores de que haya algún tipo de factor de sostenibilidad es el todavía secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien en más de una ocasión se ha mostrado a favor de este elemento. La última vez, hace poco más de un mes, cuando dijo en un encuentro con periodistas que «nosotros no damos por muerto el factor de sostenibilidad, pero no vamos a poner en marcha medidas que pauten reducir la pensión inicial del pensionista». Y lo justificó en que «el incremento de la esperanza de vida tiene unos costes que el sistema tiene que asumir». Sin embargo, rechazó que se trate de «una fórmula polinómica que se traduzca en que una persona va a cobrar menos desde el principio con independencia de la edad en que se jubile» y abogó por «fórmulas más flexibles» que se adapten a los diferentes colectivos.
UN FONDO DE RESERVA CON UN MÍNIMO DE 9.500 MILLONES
Pese a la ruptura final de la comisión del Pacto de Toledo, la mayoría de las 21 recomendaciones que tenían entre manos estaban prácticamente cerradas. Una de ellas, la número 3, abordaba el futuro del Fondo de Reserva, esa especie de ‘hucha’ que se creó para hacer frente a la jubilación del ‘baby boom’ y que ha pasado de acumular 66.800 millones en 2011 a apenas 5.000 millones. Para garantizar que nunca se quede a cero, la comisión acordó blindar esta ‘hucha’ y establecer una «dotación mínima» equivalente al 7% del gasto anual en pensiones contributivas. Esto supondría en la actualidad un suelo de unos 9.500 millones, una cantidad que irá en aumento cada año puesto que se prevé un gasto creciente.
[Publicado El Correo, 25/02/2019]
Laboral
7 marzo, 2019