Cada vez que se analiza alguna de las variables relacionadas con el sistema público de pensiones las conclusiones apuntan hacia aquello que todo el mundo sabe (o intuye), pero nadie quiere escuchar y mucho menos afrontar. Las cifras no cuadran. Bueno, en técnica contable sí cuadran, pero siempre situándose en términos de números rojos, se mire por donde se mire. Y además esto discurre en senda creciente. En Euskadi el balance entre ingresos por cotizaciones sociales y gastos por prestaciones contributivas arroja déficits consecutivos desde 2006. Esto significa que desde hace trece años los jubilados vascos se benefician directamente de la caja única de la Seguridad Social, de la solidaridad interterritorial. Anteriormente fue al revés: también durante décadas las cotizaciones vascas fueron superiores y ayudaron a costear las pensiones de los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Esto es lo que define a un sistema de reparto y solidaridad frente a los de capitalización.
Este análisis se sustenta en una serie de frías cifras que avalan lo que se está complicando: el panorama de las pensiones españolas y vascas. Pero en el caso de las vascas además existe una reclamación nacionalista que reivindica un sistema vasco de pensiones. El balance oficial provisional de 2018 de la Seguridad Social -sin contabilizar la liquidación de las mutuas colaboradoras- muestra que en Euskadi se ingresaron 5.229 millones de euros por cotizaciones sociales, mientras que los gastos totales por prestaciones contributivas ascendieron hasta los 9.236 millones, lo que arroja un déficit contributivo de casi 4.000 millones (más exactamente 3.997 millones). Esto supone duplicar los números rojos contabilizados en 2013.
Y en lo que vamos de 2019 la balanza tampoco deja lugar para las alegrías, todo lo contrario. Hasta el mes de julio, último dato oficial hecho público por la Seguridad Social, los números rojos vascos suman 2.500 millones de euros (con 2.807 millones de ingresos y 5.370 millones de gasto en prestaciones).
Desglosando el gasto por prestaciones contributivas, se aprecia que el 96% (unos 8.930 millones de euros en 2018 y 5.370 millones hasta julio de 2019) corresponde al pago de pensiones de jubilación, viudedad, invalidez, orfandad y en favor de familiares. El otro 4% se destina a abonar las otras contingencias cubiertas para los trabajadores, principalmente incapacidad temporal, bajas por maternidad y paternidad.
Pocos cotizantes
Ante cifras de este tipo, el catedrático de Economía de la UPV/EHU Felipe Serrano tiene muy claro que estamos ante un «déficit estructural» que hace que «el sistema propio de pensiones en País Vasco sería claramente inviable».
Este déficit estructural radica principalmente en la baja tasa de dependencia que presenta el País Vasco -que no es otra cosa que cuántos trabajadores hay cotizando a la Seguridad Social por cada pensionista que cobra alguna prestación-. Se limita a 1,88, cuando tradicionalmente se estima que son necesarios más de 2,5 cotizantes por pasivo si se quiere un sistema viable. En la actualidad en Euskadi hay 508.039 personas que perciben una pensión contributiva, casi 7.000 más que hace un año.
Tampoco ayudaría a un sistema de pensiones vasco, como destaca Serrano, que Euskadi tiene la pensión media más alta de toda España, con 1.232 euros mensuales; y que el nuevo empleo generado después de la crisis tiene salarios inferiores y por tanto tasas de cotización menores, por lo que no aporta lo suficiente para contrarrestar el déficit.
[Publicado El Correo, 16/09/2019]
Laboral
8 octubre, 2019