Desde el 1 de enero es obligatorio dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas, aunque no estén remuneradas
La nueva obligación de cotizar por las prácticas no remuneradas -antes era solo por las retribuidas- ha hecho que se den de alta en la Seguridad Social a cerca de 20.000 estudiantes vascos en el primer trimestre, la mitad de la cifra estimada para todo el año. De ellos, unos 12.000 proceden de la Formación Profesional (FP), en cuyo caso se ocupa el Gobierno vasco, y el resto del sistema universitario, que critica con dureza las dificultades que han tenido en la gestión ante la lentitud y la improvisación para resolver las múltiples dudas que han surgido para aplicar la normativa.
En el conjunto de España se ha dado de alta en estos tres meses -hasta el 20 de marzo- a 366.798 alumnos en prácticas no remuneradas, según datos obtenidos por CC OO, que matiza que la cifra real es mayor porque faltan datos de algunas comunidades autónomas.
Aparte, hay otros 95.300 estudiantes cotizando por prácticas remuneradas, por las que ya era obligatorio contribuir desde 2011.
Trabas para la gestión
La obligación de cotizar por todas las prácticas, sean remuneradas o no, se recogió en la primera parte de la reforma de las pensiones y, ante la polémica por sus complicaciones, se retrasó su entrada en vigor al pasado 1 de enero. El problema no estaba tanto en el coste que supone, ya que la Seguridad Social asume el 95%; de hecho, apenas sale a nueve euros el mes por estudiante, a razón de 0,13 euros por contingencias comunes al día y 0,31 por contingencias profesionales.
Las quejas vienen por las dificultades para la tramitación de las altas y bajas. En el caso de la Formación Profesional de Euskadi tanto el coste como la gestión la ha asumido el Gobierno vasco, que ya ha dado de alta a 12.000 estudiantes y calcula llegar a más de 23.500 en el año. Pero las universidades se han visto obligadas a lidiar con esta carga por su cuenta y han tropezado con numerosas trabas.
«Han surgido muchísimas dudas sobre la aplicación de la normativa y la Seguridad Social tardaba en resolverlas. En algunos casos no lo ha hecho hasta principios de marzo», apunta Fernando Tapia, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la UPV/EHU. Como ejemplo, señala que no se supo hasta tarde que no entraban las prácticas extracurriculares no remuneradas y cómo había que actuar con los Erasmus o con aquellos que cobran la RGI u otras prestaciones.
Aparte de las dudas, Tapia se queja de que el sistema para las altas y bajas es muy complicado. «Se debería haber implantado una metodología simplificada. Nosotros tenemos que tener un grupo de personas solo dedicado a estas gestiones», critica. La UPV ya ha dado de alta a 4.700 estudiantes y calcula que llegará a unos 13.000 a lo largo del año. «Trabajamos con más de 5.000 entidades para las prácticas, en su mayoría pertenecientes a la Administración pública», apunta.
En Deusto, las quejas son similares. «Los criterios que ha ido publicando la Seguridad Social han llegado muy tarde y se ha actuado con improvisación, intentado solucionar situaciones que no estaban contempladas en la normativa», apuntan fuentes del centro. Ponen como ejemplo que en el caso de las personas perceptoras de prestaciones la Administración se las ha retirado al darse de alta en la Seguridad Social. En Deusto, son 1.319 los alumnos dados de alta por la nueva ley, mientras que la Universidad de Mondragón ha incorporado a 770 alumnos en prácticas no remuneradas y a unos 600 con retribuidas.
[Publicado El Correo, 23/03/2024]
Laboral
25 marzo, 2024