Alerta de que jóvenes, personas sin cualificación e inmigrantes están expuestos a «un mayor riesgo de pobreza» por la precariedad del trabajo
El recurso generalizado a los contratos temporales podría suponer un obstáculo para la capacidad de crecimiento de España y su cohesión social». Esta advertencia es la que marca el paso a una de las principales recomendaciones que la UE realiza al Gobierno para este año y 2020. Un modelo de contratación precario, demasiado extendido (incluso a los sectores con menor estacionalidad) que «si bien está disminuyendo progresivamente», figura entre los más altos de Europa.
El programa de recomendaciones específicas para España que los ministros de Economía y Finanzas ratificaron ayer en Bruselas, alerta de que jóvenes, personas con baja cualificación y nacionales de terceros países son los más afectados: tienen menos derechos a la percepción de prestaciones sociales, están expuestos a un mayor riesgo de pobreza y se enfrentan a una situación en la que les resulta «difícil» acceder a un contrato indefinido.
«Las barreras a la movilidad laboral reducen las oportunidades para los demandantes de empleo y dificultan su asignación eficiente en las distintas zonas del país», se apunta en el informe. La Comisión Europea emplaza así a España a «garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo», además de «favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación». Una acción política de refuerzo social que une a otras como la mejora del apoyo a las familias, reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo y «subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima».
Priorizar la innovación
Toque de atención también a los niveles de abandono escolar y a unos resultados educativos que presentan importantes disparidades dependiendo de las autonomías. Y se pide a España que «incremente» la cooperación entre los sectores educativo y empresarial «con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación».
El informe deja claro también que Bruselas advierte un déficit en lo que se refiere al «fomento de la innovación, la eficiencia energética y en el uso de los recursos» por lo que sugiere que les dé prioridad y que invierta en mejorar las infraestructuras ferroviarias para mercancías y en la ampliación de las interconexiones eléctricas con el resto de la UE «con el objetivo de mejorar al menos un 10% su capacidad instalada de producción de aquí a 2020».
El Consejo de la Unión Europea, siguiendo las recomendaciones del Ejecutivo comunitario, y utilizando como base el Programa Nacional de Reformas y el de Estabilidad de 2019, vuelve a hacer hincapié en la necesidad de que España avance en la corrección de sus desequilibrios macroeconómicos. Aquí la lupa vuelve a situarse sobre el alto nivel de endeudamiento (tanto público como privado) y en la alta tasa de desempleo (13,6 por ciento). Y para ello se subraya la necesidad de que España cumpla con los márgenes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El contexto es este: el saldo de las Administraciones Públicas pasará del -2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 al -2% este año y al equilibrio en 2022. El ratio de deuda pública bajaría del 97,1% de 2018 al 88,7% dentro de tres años.
[Publicado El Correo 10/07/2019]
Laboral
18 julio, 2019