La OCDE se ha posicionado a favor de la propuesta del Gobierno de compatibilizar el 100% del cobro de la pensión con el trabajo para aquellos que hayan excedido la edad de jubilación, algo que ya es posible desde el 1 de enero de este año para los autónomos que tengan trabajadores a su cargo. «Mejorar el empleo, sobre todo para los mayores, es esencial para lograr una adecuación de los ingresos por pensión en un sistema sostenible», defendió ayer Hervé Boulhol, el especialista en pensiones de esta organización, al tiempo que manifestaba el «deseo de tener una transición más gradual hacia la jubilación».
La OCDE pone de manifiesto que España está entre los siete países de la organización de los países más desarrollados que tiene limitaciones de ingresos, es decir, que por el momento quienes compatibilicen solo pueden cobrar el 50%, por lo que es «un impedimento» a prolongar la vida laboral. «Hay un menor incentivo en España para trabajar durante la jubilación», explicó en una jornada de la organización.
De hecho, apenas hay 40.000 personas que compatibilizan trabajo y pensión, según datos aportados por el Ministerio de Empleo, que también cifró en unos 7.000 los autónomos que se han dado de alta en enero para cobrar el 100% de la pensión y continuar trabajando.
La OCDE hizo hincapié en que el envejecimiento de la población se va a acelerar de forma incluso más rápida en España que en otros países, hasta el punto de que en 2050 se situará entre los Estados con la mayor tasa de dependencia de mayores. En concreto, dentro de 32 años habrá 77 jubilados por cada 100 habitantes, según sus estimaciones, frente a los 30 por cada 100 que había en 2015, un porcentaje que solo superará Japón. Y de igual manera la edad media de vida en España está por encima de la media de la OCDE: 83,3 años frente a 80,9.
«El panorama global es que hay un crecimiento rápido, acelerado en España», sostuvo Hervé Boulhol, quien resaltó que la edad media de jubilación de los españoles se sitúa en 62 años, 2,4 años menos que la media de la OCDE. Esto, unido a que viven más tiempo, supone que España está entre los astados con periodos de jubilación más largos. «Tenemos de media tres años más por los que hay que pagar esas pensiones, lo que incrementa los costes de la protección para las personas con edades avanzadas», apuntó.
El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, admitió durante la clausura del encuentro que «España está mal situada en el porcentaje de personas que combinan trabajo y pensión» y defendió que hay que llegar al 100% para la totalidad de los trabajadores, así como «ver cómo seguimos manteniendo a las personas de mayor edad activas en el mercado laboral». En este sentido, apostó por incrementar las pensiones de aquellos que completen largas carreras de jubilación, algo que están abordando ya dentro del Pacto de Toledo, como el poder calcular la pensión con toda la vida laboral (descartándose los peores años) en lugar de con los últimos 25 años.
Otra de las propuestas que explicó Camps se están abordando dentro de la comisión y que han generado el consenso casi unánime es el de financiar las reducciones y exenciones de las cotizaciones (como por ejemplo las tarifas planas de los autónomos) a través de los Presupuestos Generales del Estado, algo que reportaría miles de millones de euros extra al sistema, según aseguró. A su vez, defendió que otra de las medidas que barajan es que el coste que supone el trato favorable que se da a algunos regímenes, como el del mar o el agrario, lo asuma también el Estado mediante transferencias directas a la Seguridad Social.
Ante esta situación, la OCDE ve «importante» que España aborde una «reforma integral, global» de su sistema de pensiones, y que lo haga «cuanto antes, mejor». Así lo cree el jefe de la unidad de pensiones en la División de Asuntos Financieros de la organización, Pablo Antolín.
Cualquier modificación debe medir tanto el sistema público de reparto como el de capitalización vigente en los fondos privados, porque «los dos son importantes y deben complementarse». Aunque todos los países de la OCDE cuentan con un sistema público y otro privado, Antolín admitió que este último tiene poca incidencia en el caso español. Por ello, y ante la urgencia del contexto, aconsejó que «cuanto antes se empiece a hablar, mejor», ya que vamos «algo tarde ya». Además, recuerda que una reforma global de las pensiones lleva tiempo. En el caso de Suecia, por ejemplo, ese proceso tardó seis años.
[Publicado El correo, 06/02/2018]
Laboral
27 febrero, 2018