CCOO advierte de que podrían acumular una devaluación cercana al 25% si en 2019 entra en vigor el factor de sostenibilidad
«Las pensiones, el eje central del sistema de protección social, son las que mejor han soportado la crisis y las que menos se han deteriorado, pero a partir de 2017 esto va a dejar de ser así». Así de categórico se mostró ayer Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CC OO durante la presentación del informe ‘El sistema de protección social en España 2017’. Bravo alertó de que, de seguir las cosas como hasta ahora, los mayores podrían acumular en una década una pérdida de poder adquisitivo en el entorno del 15% derivada solo del nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que podría incluso duplicarse con la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad.
El sindicato estima que la pensión general del sistema ha perdido desde 2007 un 2,15% de poder de compra, una pérdida que se ha visto moderada hasta el 1,15% en el caso de las que son inferiores a 1.000 euros, mientras que las mínimas y las que no son contributivas se han revalorizado un 1,75%, una mejoría que «está abocada a desaparecer de forma rápida», según considera el informe. La culpa la tiene la reforma impuesta en 2013 por el Gobierno del PP, que mediante una nueva fórmula limitó al 0,25% la subida anual de las pensiones mientras el sistema no logre el equilibrio.
Como todo apunta a que la Seguridad Social seguirá arrastrando un elevado déficit, salvo que no se derogue esta reforma, las pensiones solo crecerán un 0,25% al año como mínimo hasta 2022, tal y como estimó la semana pasada la AIReF. De esta forma, CC OO cifra entre el 15 y el 17% la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de aquí a diez años, suponiendo que la inflación oscile entre el 1,5% y el 2%. De momento, este año se habrán devaluado un 1,25% si se cumple el IPC previsto. «Esto significa romper con la contributividad del sistema», denunció Bravo durante la comparecencia.
Pero la pérdida de poder adquisitivo no se quedaría ahí, puesto que en 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, mediante el cual todo lo que aumente la esperanza de vida se minorará en la cuantía de la pensión inicial y -según cálculos del sindicato- podría tener un impacto entre el 0,5% y el 0,7% anual, lo que implica una merma del 13-14% de la pensión inicial para los que se jubilen en 2039.
«El efecto combinado del factor de sostenibilidad y el IRP si no se corrige tendrá un efecto demoledor en 10-15 años», advirtió el secretario de CC OO, que cifró en el entorno del 25% la devaluación en 10 años. Y esto solo en un plazo más corto, puesto que en el futuro esta pérdida de poder de compra se incrementaría al pasar factura el deteriorado mercado laboral. Por eso el sindicato urge a revertir la reforma laboral de 2012 y derogar la de las pensiones de 2013 para mejorar el sistema de protección social.
Más hogares sin ingresos
Pero mucho peor que los jubilados, lógicamente, están los parados. Otra conclusión que se extrae de este informe es que los desempleados tienen casi cinco veces más riesgo de sufrir pobreza o exclusión que un pensionista: un 48,5% de posibilidades para los primeros frente a un 11% para los segundos, la mitad de la media de la población española, que se sitúa en el 22,3%, según datos del INE para el año 2016. Por esto, CC OO denuncia el «deterioro de la calidad de la protección social en España en esta materia». Así, solo el 56,6% de los parados percibían prestaciones por desempleo, lo que supone una caída de más de veinte puntos respecto a 2010, cuando la tasa de cobertura se situaba en el 78%. De igual manera, el gasto en prestaciones se ha reducido desde los 32.238 millones en 2010 a los 18.638 millones de 2016, un recorte de 13.600 millones.
Asimismo, el sindicato denuncia que es mucho mayor el descenso de beneficiarios de prestaciones por desempleo que el número de personas registradas en las oficinas de empleo. De hecho, el 43% de los parados no percibe ninguna prestación. De esta forma, no es de extrañar que si en 2008 el 61% de las prestaciones eran contributivas -por tanto, más elevadas- y el 39% sociales, este porcentaje se haya invertido: en 2016 un 62% son asistenciales y un 38% contributivas. Además, se ha pasado de una prestación contributiva de 859 euros al mes de media en 2012 a cerrar 2016 con apenas 800 euros. Por todo ello, Bravo concluyó que «es necesario acometer una reforma integral del sistema de protección social» y exigió desbloquear en el Congreso la propuesta de una renta mínima garantizada, puesto que el número de hogares sin ingresos se ha duplicado en la última década hasta sumar más de 650.000.
[Publicado El Correo 22/07/2017]
Laboral
28 julio, 2017