El Gobierno llevará a cabo una revisión de las bonificaciones a la Seguridad Social que hay en marcha como parte de sus líneas de actuación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Así lo dejó caer este martes la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante una jornada de debate sobre el sistema público de las pensiones. «Es algo que ya está encima de la mesa del diálogo social», explicó Báñez, quien precisó que esto no significa que «se vayan a eliminar», sino que se analizará cuáles funcionan y cuáles no, porque -admitió- «hay algunas que son un peso muerto y no sirven para crear empleo».
De esta forma contestó a las palabras del presidente del Consejo Económico Social (CES), Marcos Peña, que durante el debate abogó por «depurar el sistema» y aseguró que «no caben ningún tipo de bonificaciones, ni en el sistema de la Seguridad Social ni en el mercado de trabajo porque no conducen a nada».
Y es que el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, puso cifras a lo que estas reducciones a las cotizaciones o bonificaciones suponen a las arcas del Estado: 3.000 millones de euros al año, la misma cantidad que se ha mantenido durante el periodo 2008-2011.
Por eso, tanto Burgos como Báñez defendieron durante su intervención transformar las deducciones en bonificaciones como «otro camino» para mejorar la salud del sistema, que arrastra un déficit récord de 18.000 millones de euros «El compromiso es que el sistema se vaya desprendiendo de estas aportaciones, de esas responsabilidades, y pasen a ser financiadas con otros recursos. Y lo haremos progresivamente y con un nivel de consenso», apuntó el secretario de Estado
El Gobierno quiere tapar de esta forma el agujero que se está generando en las arcas de la Seguridad Social con bonificaciones tales como la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos y la de 100 euros para la contratación de trabajadores indefinidos. Solo con esto, recibiría una inyección extra de unos 1.900 millones de euros.
La ministra de Empleo volvió a poner encima de la mesa otras posibles soluciones para garantizar la sostenibilidad de la pensiones, como la de «avanzar en la separación de las fuentes de financiación», esto es, que no todas las prestaciones se paguen con cargo al sistema, sino que algunas se haga vía impuestos. «Hay que avanzar en la separación de las fuentes de financiación, pero sin cambiar la naturaleza de ninguna prestación», afirmó Báñez para tranquilizar a quienes, como el expresidente Felipe González -presente en este encuentro-, temen que las pensiones de viudedad u orfandad -que representan un gasto de unos 23.000 millones de euros- se financien vía Presupuestos porque podrían sufrir los «ajustes» de las cuentas.
A su vez, la ministra abogó de nuevo por compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con el trabajo, posibilidad que el Gobierno del PP abrió en la reforma del 2013 pero cobrando el 50% de la pensión. «En España el talento no tiene edad», defendió la ministra, quien una vez más apostó por más y mejores empleos como principal medida para garantizar las pensiones. «La clave está en el empleo y la productividad», concluyó.
Un «pacto social del siglo XXI»
Por su parte, el expresidente del Gobierno Felipe González compartió con la ministra la necesidad de que el sistema de pensiones siga siendo un sistema público de reparto, algo que Báñez aseguró que no está en cuestión. Pero González negó que este sistema esté «completamente garantizado para los próximos 30 años para todo el mundo» y considera que su permanencia depende de «un pacto social del siglo XXI.
De hecho, se mostró convencido de que habrá que realizar revisiones cada cuatro o cinco años. «Los gurús que dicen que lo vamos a resolver para los próximos 40 años mienten», sostuvo el expresidente, que incidió en que «hay que mantener la dignidad del sistema» y rechazó la idea de avanzar hacia un modelo mixto en el que cobren peso los fondos de pensiones voluntarias. «No hay que decirle a la gente que cada uno se lo monte por su cuenta», indicó.
También se refirió González al fondo de reserva, que se encuentra en una situación límite y apenas dispone de liquidez para el verano: dispone en la actualidad de 15.000 millones de euros cuando llegó a acumular 66.000 millones en 2011. Así, coincidió con la ministra que la llamada ‘hucha’ de las pensiones «estaba prevista» para hacer uso de ella cuando se necesitara, pero hizo un llamamiento al Gobierno a pararse a reflexionar si «se va a reformar para los posibles futuros accidentes», algo que «en el futuro inmediato no se ve».
[Publicado INVERSIÓN & FINANZAS.COM, 15/02/2017]
Laboral
11 marzo, 2017