- Más de 34.000 personas compatibilizan el cobro del 50% de la prestación con la vida laboral, de los que ocho de cada diez son autónomos
Sigue siendo apenas un pequeño grano de arena en un desierto, pero que se está multiplicando a un ritmo importante. Desde que en marzo de 2013 el Gobierno hiciera posible a través de un Real Decreto cobrar la mitad de la pensión y continuar trabajando, el número de personas que se ha acogido a esto que se denomina ‘jubilación activa’ prácticamente se ha multiplicado por cuatro. A finales de dicho año eran poco más de 9.000 los pensionistas que continuaban con su vida laboral, mientras que a fecha 1 de diciembre de 2016 superaban los 34.000, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y todo indica que este progresivo crecimiento pegue un enorme acelerón si se cumple la propuesta de la ministra Fátima Báñez de llegar más allá y potenciar esta figura ampliándola a cobrar el 100% de la pensión, algo que podría implantarse este mismo año. Se acabaría de esta forma con la polémica suscitada por los escritores mayores de 65 años (con Caballero Bonald, Eduardo Mendoza o Javier Reverte a la cabeza) que denunciaron que tenían que dejar de crear porque el Gobierno les obligaba a elegir entre cobrar la pensión o percibir derechos de autor, y con esto último a algunos no les daba para vivir.
Pero no todo vale para acogerse a la jubilación activa. Hasta ver cómo pone en marcha el Ejecutivo este compromiso, por el momento para compatibilizar empleo y pensión en primer lugar ha de haberse cumplido la edad legal de acceso a la jubilación ordinaria, que para este 2017 se sitúa en 65 años y cinco meses, y haber cotizado para percibir el 100% de esta prestación contributiva. Además, solo es compatible con los empleos en el sector privado (bien por cuenta ajena o propia, ya sea a jornada completa o parcial), ya que los públicos quedan excluidos de esta posibilidad.
COTIZACIÓN CON VENTAJAS
Evidentemente, el pensionista-trabajador tendrá que seguir cotizando a la Seguridad Social, pero con unas condiciones mucho más ventajosas: únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, no por contingencias comunes. De esta forma quedarán sujetos a una cotización especial del 8% que se denomina de solidaridad, puesto que en ningún caso la pensión de estas personas podrá incrementarse. A su vez, esta pasada semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en una comparecencia en el Congreso que favorecería la prolongación de la vida laboral a través de la modificación del IRPF.
Cabe destacar que la inmensa mayoría de jubilados activos son autónomos: más de 27.000 en 2016, lo que supone un 80% del total. Aun así, apenas representa un 2% del total de jubilados autónomos, que se reduce a menos del 1% de todos los pensionistas.
En caso de cumplirse las promesas del nuevo Gobierno y poder cobrar el 100% de la pensión, el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, pronostica que en los próximos cuatro años se podría llegar a los 100.000 jubilados activos, algo que incluso se duplicaría si se rebajaran los requisitos. «Bajar el límite de 35 años cotizados exigidos hasta ahora a 25 años permitiría a muchos trabajadores por cuenta propia continuar cotizando a la vez que perciben una parte de su pensión», sostiene Amor, lo que -a su juicio- tendrá unos «efectos muy buenos y permitiría aflorar actividades de la economía sumergida».
«Totalmente en contra» se muestran los sindicatos, que consideran que el Gobierno aborda esta cuestión como una posible solución para el sostenimiento futuro de las pensiones. «Se estaría suprimiendo el relevo generacional», critica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT, que se pregunta «dónde quedan los jóvenes si ya a los mayores no se les deja salir del mercado de trabajo». Desde CC OO, su secretario de Protección social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, defiende que esta medida se haga para aquellos trabajadores que son irreemplazables, como son los artistas o los científicos, pero no con carácter general con el único objetivo de «abaratar gastos». Por su parte, a Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, la patronal de las Empresas de Trabajo Temporal, no le parece «mala idea», pero se muestra preocupado por que los trabajos no se duplican y si una persona ocupa un empleo, impide que otra acceda a él.
[Publicado El Correo 15 de enero de 2017]
Laboral
18 febrero, 2017