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LA JUSTICIA ANULA MASIVAMENTE CONVENIOS QUE DEVALUABAN SALARIOS

La Audiencia Nacional ha anulado 43 convenios colectivos de empresas multiservicios, prácticamente todos los impugnados por CC OO y UGT, al entender que dichos convenios se firmaron sin la legitimidad suficiente. Los sindicatos emprendieron esta lucha judicial para combatir la devaluación salarial del 50% de media que aplican estas empresas a través de sus convenios, que se hicieron ad hoc y sin la legitimación necesaria.  

Los sindicatos CC OO y UGT se han lanzado a una guerra judicial contra las empresas multiservicios que, de momento, están ganando, al menos en los tribunales. Esas empresas se dedican a prestar los servicios que otras compañías deciden externalizar y que van desde la limpieza, la seguridad, la restauración, el mantenimiento de edificios a la mensajería o la informática. Pero las multiservicios que más facturan ahora son las que trabajan en la industria y la logística.

La batalla judicial se inició tras la reforma laboral de 2012, cundo estas compañías multiservicios aprovecharon una de las cuestiones más polémicas de la nueva ley: la prioridad aplicativa de los convenios de empresa. Esto es, que las condiciones pactadas en el convenio de una empresa concreta prevalecen sobre el resto de acuerdos sectoriales, ya sean provinciales, autonómicos o estatales.

“La reforma laboral dio carta blanca a las multiservicios para, mediante la firma de convenios propios de empresa, devaluar los salarios de sus trabajadores un 50% de media”, explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino. Las situaciones más graves se han dado, por ejemplo, según los sindicatos, con las camareras de pisos, una actividad que han externalizado los hoteles y cuyos salarios se han rebajado hasta un 70% en muchos casos. Los cálculos sindicales apuntan que el sector de los contact centers, ha rebajado sus salarios un 38% de media y los de la logística, sobre todo en la industria, un 48%.

Pero los sindicatos detectaron que estas firmas de convenios se hacían ad hoc, casi exclusivamente para llevar a cabo la devaluación salarial. “Firmaban cuatro gatos el convenio y luego lo aplicaban a toda España”, asegura Pino.

Precisamente la falta de legitimidad de los firmantes es lo que ha llevado a la Audiencia Nacional a anular, mediante las correspondientes sentencias, 43 convenios de los 44 impugnados desde finales de 2015. Además, el Tribunal Supremo ya ha ratificado en tres ocasiones la postura de la Audiencia.

“Los tribunales entienden que estos convenios no guardaban el principio de correspondencia que debe haber entre el ámbito estatal del convenio de empresa y la representación legal de los trabajadores que firma dicho convenio; eso no se producía, porque se firmaba por parte de uno o dos comités de centros de trabajo y se aplicaba al resto de centros y/o lugares de trabajo”, explica la responsable de externalización y empresas multiservicios de la Federación de Servicios de CC OO, Encarni Bonilla.

Así, aunque estas anulaciones se han realizado por fallos en la representatividad de los firmantes, el resultado es que estas empresas se han quedado sin convenio y deberían ahora aplicar las mejores condiciones salariales y laborales que recogen los convenios sectoriales de cada actividad que realicen sus trabajadores. Y la batalla judicial no ha terminado. Según el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Santos Nogales, ya se han detectado medio centenar de convenios más susceptibles de ser impugnados próximamente.

 

[Publicado Cinco Días, 17 de octubre de 2016]