El plan del PSOE y Podemos aumentará el gasto al permitir durante 20 años elegir la jubilación que sea más ventajosa
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo ha conseguido: ha logrado pactar con Bruselas y con Unidas Podemos la segunda fase de la reforma de las pensiones que faltaba por acordar y que cierra el círculo a lo comprometido para esta legislatura. Para ello se ha visto obligado a flexibilizar mucho su propuesta inicial para atraer al acuerdo a la formación morada y lograr el respaldo de los sindicatos, una vez que dan por sentado que no conseguirán el aval de los empresarios, contrariados por la fuerte subida de las cotizaciones.
Sí, habrá ampliación del periodo de cálculo de los nuevos jubilados que acceden a una pensión, pero aquellos que prefieran el método actual podrán mantenerlo hasta 2043. A cambio, y para compensar otro gasto extra más que se le viene encima al sistema precisamente en las décadas de mayor tensión financiera con la jubilación del ‘baby boom’, las bases máximas se elevarán más de lo previsto (y menos las pensiones máximas). También habrá un recargo para las rentas más altas, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) se extenderá a 2050 e incluso a partir de 2029 duplicará el gasto que comporta para todas las empresas y trabajadores, según recoge el borrador del real decreto ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de pensiones al que ha tenido acceso este periódico.
Era la medida más polémica y contra la que se han manifestado públicamente en tromba partidos políticos, sindicatos y asociaciones de pensionistas. Por ello, Escrivá ha buscado una solución que antes ha tenido que consensuar con la Comisión Europea, que es de donde partía la exigencia de esta medida para moderar el gasto. Durante veinte años convivirán dos fórmulas para estimar la pensión de los nuevos jubilados: la actual, que tiene en cuenta los últimos 25 años de cotización, y la que se aprobará con esta reforma, que calculará la prestación ampliando el periodo de cómputo a 29 años (uno menos que la propuesta primera) y descartando las 24 peores mensualidades; es decir, se tendrán en cuenta 27 años. La Seguridad Social actuará de oficio y elegirá la opción que más beneficie al nuevo jubilado.
Este nuevo método de cálculo empezará a desplegarse de forma progresiva durante doce años a partir de 2026 y se aplicará de forma exclusiva a partir de 2044, cuando dejará de poder utilizarse los últimos 25 años.
[Publicado El Correo, 11/03/2023]
Laboral
21 marzo, 2023